Dudas sobre las reformas en ICE

Abogados, profesores de derecho y activistas reaccionaron con apoyo pero también con escepticismo ante las promesas de reforma al sistema de detención de inmigración ampliadas esta semana por el secretario asistente de Inmigración y Aduanas, John Morton.

Morton se reunió el miércoles con activistas en Washington, a los que explicó en más detalle del que había dado hasta ahora su visión sobre «un sistema más pequeño de centros de detención diseñados especialmente para detener a inmigrantes, no más restrictivos de lo necesario, con muchos teléfonos y espacios abiertos y un cuidado médico parejo y profesional».

Morton respondía a numerosos reportes sobre muertes y maltratos en los más de 300 centros que ahora tiene ICE, una buena parte de ellos contratados a empresas privadas o cárceles locales.

Morton reconoció además que «prácticamente en ninguno de nuestros centros grandes hay agentes federales, sólo hay contratistas, en este sentido, diría que llegamos demasiado lejos con el proceso de los contratos».

Observadores que estuvieron presentes en la reunión, como Laura Vasquez del Concilio Nacional de la Raza, indicaron que «parecen serios sus esfuerzos, hay cosas que pueden solucionar con relativa rapidez, por ejemplo, que la familia sepa donde están sus seres queridos y que estos tengan acceso a teléfonos».

Morton dijo que para el mes de junio, ICE pondrá en funcionamiento un sistema localizador de detenidos en la Internet, por medio del cual con un nombre o número de proceso se podrá saber en qué centro de detención está cada persona.

Eso es algo que hoy no existe. Un reciente análisis de cifras de transferencia de detenidos por Human Rights Watch halló que más del 50% de los detenidos son transferidos a centros lejanos a sus familiares y asistencia legal. Y no existe un sistema para identificar donde está cada detenido. A veces ni los propios abogados no pueden encontrar a sus representados.

«Apoyamos esta iniciativa, y también que se revise el cuidado médico que reciben los detenidos, pero nos siguen preocupando las prioridades de detención. Lo primero deberían ser los criminales peligrosos y no las familias, como está ocurriendo aún hoy», dijo Vasquez.

Morton dijo que su objetivo era «lograr que el sistema de detención sea como un libro abierto, que haya transparencia y acceso». Dijo que ello tomaría tiempo, ya que el objetivo era construir una serie de centros y dotarlos de suficientes empleados federales.

Pero abogados que han trabajado con clientes detenidos tienen sus dudas al respecto y deploran que el sistema haya llegado a niveles tan extremos de deterioro.

«Hablar es muy bueno, pero hacer es mejor. Nunca se debió llegar a este punto en el que un gobierno deba rectificar la forma en que tratamos a los detenidos. Hemos tenido clientes cuyos familiares han muerto en centros de detención. Acabamos de consultar con unos que quieren interponer una demanda porque su familiar estaba detenido, tuvo un cáncer en metástasis y murió sin diagnosis ni tratamiento», dijo Michael Wildes, abogado de inmigracion y ex alcalde de Englewood, Nueva Jersey.

Morton prometió esta semana también que cada muerte en detención sería investigada, pero una reciente investigación del periódico New York Times con documentación conseguida por medios legales por la Unión de Libertades Civiles ACLU reflejó que en muchos casos, los propios funcionarios federales ocultaban las causas de las muertes de detenidos y buscaban que no salieran a la luz.

El artículo señala que muchos de esos funcionarios federales aún están en posiciones prominentes en la agencia migratoria.

Kevin Johnson, decano de la escuela de leyes de la Universidad de California, Davis, dijo que la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano y Morton han «rechazado establecer reglamentos claros para la detención de inmigrantes que sean aplicables legalmente y lo único que dicen es, confíen en nosotros que lo vamos a arreglar».

La falta de controles externos ha sido criticada por activistas. Johnson indicó que a diferencia de las cárceles regulares, que tienen reglamentos claros, las de ICE no los tienen.

Este verano, grupos de ex detenidos y activistas pidieron a un juez de Manhattan que conminara a Napolitano a presentar reglamentos de detención. Pero el gobierno respondió que no lo haría ya que ello «tomaría demasiado tiempo y no sería tan flexible», como el proceso de revisión que está llevando a cabo ICE de sus centros de detención.

«Yo creo que esto quiere decir que no están tan comprometidos con estas reformas como ellos dicen», afirmó Johnson.

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