Indocumentados nuevamente blanco de iniciativa de ley en Arizona

Un comité del Senado de Arizona aprobó hoy una iniciativa de ley que propone convertir en delito la sola presencia en el estado de los indocumentados y prohibir las ciudades «santuario», entre otras medidas.

«Esta iniciativa tiene el principal propósito de eliminar las barreras que impiden que nuestras autoridades locales apliquen a su discreción las leyes de inmigración», dijo el senador estatal Russell Pearce, quien patrocina la SB1070 ante el Comité de Seguridad Pública y Recursos Humanos del Senado de Arizona.

«El costo de educar, encarcelar y proveer cuidado médico a los indocumentados es devastador para nuestro estado», enfatizó el legislador republicano, quien considera el tema de la inmigración ilegal «crítico» para las comunidades en Arizona.

La propuesta es una recopilación de varias iniciativas que fueron presentadas ante el Legislativo estatal en los últimos dos años y que en su momento no fueron aprobadas.

De llegar a convertirse en ley, la SB1070 prohibiría que cualquier agencia estatal adopte políticas que limiten o restrinjan la aplicación de las leyes de inmigración en toda su extensión.

Contempla como un delito menor la sola presencia de un inmigrante indocumentado en el estado, así como autoriza a cualquier agente del orden a arrestar a una persona de la cual «sospeche» se encuentra en el país de manera ilegal sin necesidad de una orden de arresto.

Jennifer Allen, directora de la Red de Acción Fronteriza en Arizona, expresó su preocupación ante el mismo comité por el efecto humano y económico que tendría esta medida para el estado, así como criticó el lenguaje «vago» con el que está escrita.

«Esta iniciativa penaliza el transporte de un indocumentado y el darle albergue, lo que significa que una persona que vive con su madre y ésta no tiene un estatus migratorio, estaría quebrantando al ley», denunció.

Sostuvo que la propuesta penalizaría a las personas que solicitan empleo en las calles y a las personas que los contratan, sin importar su estatus.

«Esta legislatura no debe asumir que todas las personas que se paran enfrente de un ‘Home Depot’ son indocumentadas, especialmente en esta dura economía que enfrentamos y tantas personas se están quedando sin empleo», dijo Allen.

A juicio de la activista los legisladores que impulsan esta propuesta parecen no entender la complejidad del tema migratorio, ya que en muchas familias inmigrantes se pueden encontrar tanto ciudadanos de este país, como residentes legales y personas «sin papeles» viviendo bajo un mismo techo.

Por su parte Marc Spencer, representante del sindicato de policías de la ciudad de Phoenix, dijo al comité que el «costo» de la inmigración ilegal ha sido muy alto y citó casos en los que agentes del orden han muerto a manos de indocumentados.

Señaló que la violencia generada por el tráfico de indocumentados ha «golpeado» fuertemente a ciudades como Phoenix y añadió que uno de los grupos más afectados por esta misma violencia han sido los hispanos.

En tanto que John Thomas, representante de la Asociación de Jefes de Policía de Arizona, advirtió durante su testimonio que esta medida podría causar un efecto devastador entre las víctimas de delitos que son indocumentadas y que por temor se abstendrían de acudir a las autoridades.

En su opinión, también dañaría seriamente la relación que tienen las autoridades locales y los diferentes grupos étnicos en sus comunidades.

La propuesta SB1070, que pasa ahora a consideración de otro comité, también obligaría a los negocios guardar por lo menos tres años las verificaciones de empleo del programa «E-verify». Solamente se modificó una cláusula que hubiera establecido sanciones a los negocios que no cumplan con este requisito.

También otorgaría más poderes a los fiscales de los condados para poder confiscar los archivos que guardan los negocios de sus empleados.

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