Indocumentados no cometen más delitos graves que residentes

En la cárcel del condado de Yakima resuenan a lo lejos los golpes de las puertas de acero y los gritos de los reos, mientras un agente federal detrás de una computadora revisa una lista de presos por entrevistar.

Al otro lado de la mesa está Julio Laguna Mendoza, un hombre de 54 años arrestado varios días atrás por manejar en estado de ebriedad. La computadora muestra que el hombre no es ningún extraño del sistema penal.

Laguna ha sido arrestado unas cinco veces por entrar ilegalmente a Estados Unidos. Las fotografías tomadas cada vez que fue fichado muestran una sucesión de imágenes en las que Laguna se ve cada vez más viejo tras cada arresto.

Esta vez, se internó muy adentro en Estados Unidos, hasta Yakima, en el estado de Washington, en la esquina noreste del país. No pasará mucho tiempo antes de que vuelva a ser deportado de nuevo.

Pocos asuntos son más polémicos o emotivos que el impacto de los inmigrantes indocumentados en las tasas locales de delincuencia, así como la forma en que la policía local los maneja.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes insisten en que la mayoría son muy trabajadores, que sus probabilidades de cometer delitos son las mismas que las de los ciudadanos con residencia legal. Otros culpan a los inmigrantes sin papeles de una tasa grande de los delitos graves cometidos en el Valle de Yakima.

Un análisis del diario Yakima Herald-Republic realizado a los archivos de la cárcel del condado durante octubre arroja cierta luz sobre cuántos allí son sospechosos de violar la ley federal de inmigración y qué cargos locales enfrentan:

Es un estudio indiscriminado que abarca a tantos inmigrantes como sea posible, aseguró.

“Una mayoría aplastante de las personas en las que se enfocan son padres, hijos y hermanos que tienen familias que dependen de ellos y que ya son miembros de nuestras comunidades”, afirmó.

Otros sectores, sin embargo, insisten en que la policía local emprenda una defensa más agresiva de las leyes.

El alguacil del condado de Yakima, Ken Irwin, dice que se le pregunta regularmente por qué sus agentes no interrogan a los sospechosos sobre su estatus de inmigración cuando investigan un delito.

“Nos concentramos en los delincuentes que cometen delitos, no en las personas que violan la ley de inmigración, porque para hacer cumplir las leyes eficazmente, la comunidad tiene que confiar” en la policía, afirmó. “Si nosotros tuviésemos un segmento grande de la comunidad que no confía en la policía, entonces la comunidad en conjunto estaría menos segura, porque la gente no reportaría los delitos”, agregó.

“El inmigrante indocumentado es un blanco fácil, demasiado fácil para culparlo por los males que nos aquejan”, opinó.

Algunos de los oponentes más activos del valle a la inmigración ilegal reconocen que los indocumentados no cometen una cantidad desproporcionada de delitos en la zona, pero afirman que sus hijos nacidos en Estados Unidos sí los cometen, de acuerdo con Nick Hughes, un vendedor jubilado que acude regularmente a las reuniones del consejo de la ciudad de Yakima para culpar a los inmigrantes hispanos por la violencia de pandillas.

“La mayoría de los miembros de pandillas lo son (hijos de inmigrantes indocumentados)”, dijo. “Si nosotros no hubiéramos permitido que hubiera padres ‘ilegales’ aquí, no tendríamos a sus hijos aquí causando problemas de pandillas”.

e indocumentados trae aparejados numerosos problemas, aun cuando los delito graves no sean los principales, dijo Irwin.

Escuelas, prestaciones sociales y hospitales sobrecargados son algunas de las razones por las que el gobierno federal debe encontrar una solución al problema de inmigración de todo el país, ya sea un camino para que millones de indocumentados obtengan la ciudadanía o una deportación masiva, agregó.

“Todos hemos sido una parte de este problema”, dijo Irwin. “Nos acostumbramos a sus servicios: en jardinería, la construcción, los hoteles, todo eso, sobre todo nuestra agricultura, que se ha beneficiado hasta cierto punto de la inmigración ilegal”, agregó.

“Todos nosotros necesitamos ser parte de una solución, sea la que sea”, afirmó.

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Para obtener más información sobre este u otros temas, contacte  las oficinas de J. David Peña en el 305.373.5550 o info@myvisausa.com

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