Gasto en acciones contra inmigrantes carece de razón económica, dice estudio

Nuevas acciones policiales contra los inmigrantes y para blindar la frontera carecen de una justificativa económica, dado que cuestan más que lo que se ahorra el erario público con una presencia menor de indocumentados en el país, según un estudio divulgado hoy.

Gordon Hanson, profesor de la Universidad de California en San Diego, mantiene que el beneficio económico que Estados Unidos recibe por el trabajo de los inmigrantes sin papeles asciende a tan sólo el 0,03 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Al mismo tiempo, el estudio asume que el costo para las arcas públicas es del 0,1 por ciento del PIB, por el uso que los inmigrantes hacen del sistema escolar y de los hospitales, por ejemplo.

Esa cifra proviene de un análisis del Centro de Estudios de Inmigración, una entidad que promueve las medidas para frenar la entrada de extranjeros en Estados Unidos.

Al final, Hanson concluye que la inmigración ilegal le cuesta al país 0,07 por ciento del PIB, un número que considera “insignificante”.

En ese sentido, el aumento de los recursos policiales contra los inmigrantes por encima de los 15.000 millones de dólares gastados actualmente al año no generará beneficios económicos para el país, afirma Hanson en su estudio.

“Incrementos significativos en los recursos de seguridad podrían fácilmente costar más que los ahorros tributarios generados por una reducción de la presencia de inmigrantes ilegales en Estados Unidos”, afirmó en el informe, divulgado en una conferencia en el Instituto de Política Migratoria, que lo encargó.

Marc Rosenblum, un analista de ese centro, recalcó en el foro que las cifras manejadas por Hanson subestiman el impacto económico positivo de los inmigrantes, pues no tienen en cuenta su papel como consumidores, inversores y empresarios.

Del mismo modo, Rosenblum cree que el incremento de las medidas contra los inmigrantes acarrean costos económicos no previstos por Hanson, puesto que las deportaciones conllevan el cierre de algunos negocios.

Se calcula que un 5,4 por ciento de la fuerza laboral estadounidense está compuesta por trabajadores indocumentados, que suman 8,3 millones de personas.

Si se añade a los niños, estudiantes y ancianos el número de personas sin papeles llega a los 12 millones, una cifra que se ha mantenido estable en el último año debido al estancamiento de la inmigración por la crisis.

Pese a que componen un porcentaje pequeño de la fuerza laboral del país, su presencia es clave en ciertos sectores, como la agricultura, construcción, alimentación y mantenimiento de edificios, según el informe.

Para Jeanne Butterfield, asesora del Foro Nacional de Inmigración, el estudio de Hanson “refuta el mito de que el costo de la inmigración sobrepasa sus beneficios”.

Los trabajadores extranjeros, explicó Butterfield, satisfacen la demanda de empleados de baja cualificación, un sector en el que cada vez hay menos estadounidenses porque ellos alcanzan más educación.

Además, suponen un influjo de trabajadores jóvenes que contrarresta el envejecimiento de la población, añadió.

Los panelistas coincidieron en que una reforma migratoria que legalice a los indocumentados aumentaría los beneficios económicos derivados de su presencia en el país, pues todos pasarían a pagar impuestos.

Actualmente se estima que tan sólo la mitad abonan tributos a las arcas estatales y federales, según Hanson.

EFE

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