Historia de la ley

En noviembre de 2006 el concejo municipal de Farmers Branch aprobó por unanimidad una serie de medidas antiinmigrantes, una de las cuales prohíbe a los propietarios de empresas que contraten indocumentados, y el alquiler de propiedades a extranjeros sin estatus legal de permanencia en el país.


Otro de los reglamentos hizo del inglés el idioma oficial de la localidad, mientras que una tercera ordenanza concedió poderes extraordinarios a la policía local para que investigue si sospechosos bajo custodia son indocumentados.

Además de autorizar a las policías para arrestar a indocumentados, Tim O’Hare, concejal quien lideró la batalla para controlar la inmigración indocumentada en Farmers Branch, sugirió que los indocumentados no tengan acceso a servicios de salud públicos y que sus hijos no estudien en las escuelas públicas.

Según el concejal, no es el único que quiere castigar a los “que infringieron la ley al cruzar la frontera sin documentos, sino que hay una buena parte de la población de mi ciudad que exige que se actúe al respecto”.

Ley aprobada en 1996

Activar la Sección 287(g) y autorizar a los departamentos de policías municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración forma parte de un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.

John Ashcroft, secretario de Justicia en 2001, explicó en esa oportunidad que el plan forma parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.

En al menos 44 estados

El debate de leyes antiinmigrantes en los estados se incrementó a partir del 3 de junio de 2006, cuando el Congreso canceló la convocatoria del Comité de Conferencia que armonizaba dos leyes de inmigración, una de las cuales legalizaba a la mayoría de los 12 millones de indocumentados que vivían en Estados Unidos.

La negativa, comandada por los republicanos del Senado y la Cámara de Representantes, activó el sentimiento antiinmigrante en los estados y ciudades, quienes comenzaron a aprobar iniciativas por su cuenta bajo el argumento de que el gobierno federal no hacía mucho para controlar el problema de la inmigración ilegal.

A la fecha han sido aprobadas al menos 100 leyes u ordenanzas antiinmigrantes en 44 estados. Pero la mayoría de ellas, como el caso de Farmers Branch, han sido anuladas por las cortes debido a que violan la constitución de Estados Unidos.


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Para obtener más información sobre este u otros temas, contacte  las oficinas de J. David Peña en el 305.373.5550 o info@myvisausa.com

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