Debate truncado

En los últimos tres años la reforma migratoria ha sufrido dos importantes derrotas en el Congreso estadounidense.

El primer fracaso ocurrió el 3 de junio de 2006, cuando el entonces liderazgo republicano canceló el nombramiento del Comité de Conferencia que debía armonizar dos leyes aprobadas, una por la Cámara de Representantes -el 16 de diciembre de 2005- y otra por el Senado -el 25 de mayo de 2006-.

El primer proyecto, patrocinado por los republicanos, proponía, entre otras medidas, criminalizar la estadía indocumentada, acelerar las deportaciones y un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin a la inmigración indocumentada.

El segundo proyecto, que contó con respaldo bipartidista, entre otras recomendaciones incluyó una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que no tuvieran antecedentes criminales.

Los republicanos argumentaron que este plan no era congruente con la política de seguridad del gobierno federal y optaron por cancelar el debate. Un mes después, ambas cámaras del Congreso aprobaron la ley del muro y dos meses más tarde los republicanos perdieron en control de ambas cámaras del Congreso.

El segundo debate

A mediados de mayo una comisión tripartita integrada por representantes demócratas, republicanos y de la Casa Blanca anunciaron la elaboración de una nueva propuesta de reforma migratoria que incluía, entre otras recomendaciones, una compleja vía de legalización para indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.

El Senado inició el debate el 21 de mayo, pero el 7 de junio el liderazgo demócrata canceló la iniciativa bajo el argumento que los republicanos no estaban dispuestos a fijar un número limitado de enmiendas y que ninguna de ellas anulara la vía de legalización.

Una semana después, el día 14, los líderes de ambos partidos en la Cámara Alta acordaron reanudar el debate, pero el día 28 la propuesta tripartita sucumbió ante la falta de apoyo de ambos partidos.

El plan tripartita, basado también en un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin al tráfico ilegal por la frontera, recomendaba una vía de legalización a cambio de, primero, una residencia temporal de tres años, verificación de identidad, una multa de $13,500 por persona y un trámite consular en el país de origen para recibir la residencia permanente.


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Para obtener más información sobre este u otros temas, contacte  las oficinas de J. David Peña en el 305.373.5550 o info@myvisausa.com

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