Huyeron de Pensilvania

En Pensilvania, el granjero Keith Eckel, de 61 años, dijo que a mediados del año pasado experimentó una declinación considerable en el número de trabajadores inmigrantes que se presentaron para recolectar los tomates en finca de 809.4 hectáreas (2 mil acres) en el noreste del estado.

Eckel representa la cuarta generación de su familia que se ha dedicado al cultivo de tomates y es propietario de Fred W. Eckel Sons Farms Inc.

El empresario añadió que la incapacidad del Congreso para aprobar una reforma amplia de inmigración ha limitado su capacidad de contratar a suficientes trabajadores a fin de llevar sus productos al mercado. La mayoría de los trabajadores de Eckel provenía de México.

Tienen miedo

“Numerosos trabajadores se muestran dubitativos de viajar, de manera legal o ilegal, debido al escrutinio bajo el que están ahora”, dijo Eckel, quien ha suministrado tomates a supermercados y restaurantes en buena parte del este del país. “Así que menos trabajadores cruzan los límites estatales”.

Eckel, quien sembró 2.2 millones de plantas de tomate el año pasado, añadió que también dejará de producir calabazas, y plantará la mitad del maíz amarillo que solía cultivar, lo que derivará en la pérdida de casi 175 empleos.

El agricultor, uno de los mayores productores de tomates frescos en el noreste del país, dijo que le costaba entre $1.5 y $2 millones plantar y cosechar un cultivo de tomates, demasiada inversión como para arriesgarse a que nadie pudiera recolectarla cuando llegara el tiempo de la cosecha.

Sistema “descompuesto”

“El sistema para suministrar nuestra mano de obra está descompuesto y las emociones que rodean el tema de la inmigración interfieren en el camino de quienes están en el ámbito político para avanzar en su resolución”, lamentó Eckel durante una conferencia de prensa en su granja, ubicada en Clarks Summit.

En los últimos tres años el Congreso ha debatido tres propuestas de ley de reforma migratoria. La primera fue aprobada por la Cámara de Representantes el 16 de diciembre de 2005 y criminalizaba la estadía indocumentada, la segunda el 25 de mayo de 2006 e incluyó una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

Ambos planes debían ser armonizados por el Comité de Conferencia, pero la instancia fue cancelada por el entonces liderazgo republicano, quien argumentó que el plan del Senado no era congruente con la seguridad nacional.

Un tercer proyecto, debatido entre mayo y junio de 2007 y que también incluía una vía de legalización, fue desestimado por falta de apoyo bipartidista en el Senado.

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