EE.UU.: Niegan haber violado derechos de inmigrantes

Un fiscal y un alguacil del estado de Colorado dijeron que no violaron derechos de privacidad cuando confiscaron miles de documentos de impuestos para investigar a inmigrantes indocumentados por robo de identidad.

En una moción ante la justicia presentada la noche del lunes, el fiscal de distrito del condado de Weld, Ken Buck, y el alguacil John Cook también aseguraron que el juez del caso cometió un error al detener la investigación.

Los funcionarios pidieron a la Corte Suprema del estado que revierta el fallo de abril del juez de distrito James Hiatt, y aseguraron que hay evidencia suficiente de que cientos de inmigrantes indocumentados robaron identidades para presentar sus declaraciones de impuestos por medio de una empresa especializada en preparar éstas.

Expertos en inmigración dicen que éste ha sido el primer y único caso en que autoridades han usado registros confidenciales de una oficina de preparación de impuestos para investigar y acusar a inmigrantes indocumentados.

El Servicio de Recaudación Interna exige que toda persona que gana dinero en Estados Unidos presente su declaración de impuestos, independientemente de cuál sea su estatus migratorio.

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), quien demandó a los funcionarios para que se diera por terminado el caso, tiene hasta el 28 de agosto para responder a su moción.

El condado de Weld lanzó la Operación Juego de Números luego de que un hombre de Texas denunció que alguien estaba usando su identidad. El sospechoso de ese caso le dijo a los investigadores que había presentado su declaración de impuestos por medio de un negocio de Greeley usado por muchos inmigrantes.

En octubre, los investigadores consiguieron una orden de cateo y confiscaron las computadoras y miles de formularios impositivos de la compañía.

El fiscal Buck presentó cargos de robo de identidad y suplantamiento delictivo de otra persona contra más de 70 acusados. También dijo que hasta 1.300 inmigrantes indocumentados de la zona usaban números de Seguridad Social falsos o robados.

La demanda de la ACLU asegura que las autoridades violaron el derecho a la privacidad. El juez Hiatt le dio la razón al decir que el condado no había encontrado suficiente justificación para la redada, que ésta fue muy amplia y que los documentos impositivos son confidenciales.

Otros jueces del condado que lidiaron con casos resultantes de la Operación Juego de Números estuvieron de acuerdo con él.

Los fiscales eliminaron muchas de las acusaciones sin emitir juicio, lo que les faculta a volver a presentar cargos, pero algunos de los acusados ya se habían declarado culpables y ahora enfrentan el riesgo de ser deportados.


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