En los años transcurridos desde entonces, el número de indocumentados que vive en Georgia ha aumentado considerablemente, elevándose a más del doble, 480,000, entre enero del 2000 y el mismo mes del 2009, de acuerdo con un nuevo reporte federal.

Ello dio a Georgia el aumento porcentual más grande entre los 10 estados del país que tienen las mayores poblaciones de indocumentados, durante esos años. Muchos en el área metropolitana de Atlanta dicen que la explicación del crecimiento resulta sencilla.

“Fue por los empleos”, dijo Kathy Brannon, quien trabajó para el suburbio de Chamblee durante casi 30 años. “Por eso ha venido la gente a este país desde que esto comenzó, en busca de una oportunidad”.

Durante años, Chamblee fue la última parada de tres empresas de autobuses que transportaban a inmigrantes desde la ciudad de Brownsville, Texas, fronteriza con México, dijo Brannon, quien está jubilada. Ante la vivienda barata, el transporte sencillo y la abundancia de empleo, los inmigrantes echaron raíces y pronto dijeron a sus familiares y amigos en sus naciones de origen que había oportunidades en la zona de Atlanta.

Para entender mejor cuánto ha crecido la población indocumentada en Georgia hay que considerar que el estado tenía apenas 35,000 inmigrantes sin papeles en 1990, de acuerdo con estimados del Pew Hispanic Center.

El demógrafo William Frey, de Brookings Institution, dijo que los inmigrantes indocumentados se mudaron a donde podían encontrar trabajo en rubros como la construcción y los servicios, que crecieron aceleradamente en la zona.

“En cierta forma, podría ser una medición del éxito el tener una población mayor de indocumentados”, porque ello significa que la economía es fuerte, dijo Frey.

Carolina del Norte, otro estado del sureste que tuvo un crecimiento rápido en aquellos años, es también uno de los 10 primeros estados en materia del aumento más rápido de su población indocumentada, estimada en 370,000 en enero del 2009, en comparación con 260,000 en el 2000, de acuerdo con el reporte de la Oficina de Estadísticas sobre Inmigración, del Departamento de Seguridad Nacional.

La agencia se basó en datos del Estudio de la Comunidad Estadounidense, un muestreo nacional realizado por la Oficina del Censo.

Las grandes poblaciones de inmigrantes en Georgia y Carolina del Norte son principalmente de origen mexicano y la mayoría carece de documentos, dijo Jeff Passel, demógrafo del Pew Hispanic Center.

Apenas en la década de 1980, los estados del sureste, con la excepción de Florida, tenían muy pocos inmigrantes legales o indocumentados, dijo Passel. California, donde vive alrededor del 24% de los indocumentados del país, solía representar el 40%.

Otros cinco estados —Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey— comparten otro 40%, destacó Passel.

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El sistema E-Verify en línea, que usan voluntariamente los empleadores, da carta blanca erróneamente a trabajadores ilegales un 54% de las veces, según Westat, la compañía que evaluó el sistema para el Departamento de Seguridad Nacional. E-Verify se equivocó todas esas veces debido a que no puede detectar los casos de identidad fraudulenta, precisó Westat.

“Por cierto significa que no está haciendo suficientemente bien su tarea principal”, comentó Mark Rosenblum, un investigador en el Instituto de Política Migratoria, un grupo de estudios no partidista en Washington.

E-Verify permite a los empleadores revisar la información de un trabajador cotejando las bases de datos de Seguridad Nacional y el Seguro Social para ver si está autorizado a trabajar en Estados Unidos. El gobierno de Obama ha hecho de las penalidades a los empleadores que contratan a indocumentados un punto central de su política inmigratoria, y prevalece la impresión de que algunos republicanos en el Congreso tratarán en las próximas semanas de hacer obligatorio el uso de E-Verify.

El sistema identificó correctamente a los trabajadores legales el 93% de las veces, dijo Westat. Sin embargo, los estudios anteriores no habían detectado cuántos inmigrantes engañaban al sistema. Gran parte de las críticas a E-Verify se han centrado en si ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales, con permiso de trabajo, eran identificados erróneamente como trabajadores ilegales.

El senador Chuck Schumer, de Nueva York, que está redactando el proyecto de inmigración de los demócratas y que se ha resistido a expandir E-Verify debido a sus fallas, dijo el miércoles que el hecho de que E-Verify se equivoca tanto significa que no es una herramienta adecuada.

“Este es un llamado de atención a todos los que piensan que E-Verify es un remedio efectivo para detener la contratación de inmigrantes ilegales”, dijo Schumer.

Un proceso de verificación de trabajadores es considerado esencial para toda propuesta de reformas al sistema de inmigración que tenga alguna posibilidad de ser aprobada en el Congreso.

El informe de Westat, completado en diciembre del 2009 utilizando datos del año anterior, fue incluido en el cibersitio de Seguridad Nacional el 28 de enero junto con un sumario que señaló que E-Verify acierta “aproximadamente la mitad de las veces”.

Unos 184 mil de los 7 a 8 millones de empleadores usan E-Verify, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en su cibersitio. El Congreso le dio a la agencia unos 100 millones de dólares para invertir en E-Verify en su presupuesto del 2010.

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No es la primera vez que algunos republicanos, y grupos conservadores afines, quieren abolir la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes sin papeles.

La idea cobró fuerza durante la década de 1990 y, de hecho, fue incluida en la plataforma del Partido Republicano en 1996, pero no prosperó porque se consideró que iba en contra de la enmienda 14 de la Constitución del país.

Sólo que ahora, frente a la crisis económica que sigue golpeando a las clases media y trabajadora en EE.UU., sus promotores insisten en que es urgente eliminar los resquicios e incentivos de la inmigración ilegal.

La iniciativa que promueve el republicano Gary Miller se conoce en inglés como “LEAVE Act” y, según el legislador, es la “mejor solución” a los problemas que aquejan al país, en unos momentos en que más de 15 millones de estadounidenses están desempleados mientras “siete millones de indocumentados” sí tienen trabajo.

Miller asegura que su medida reduciría en más de la mitad la población indocumentada en cinco años y crearía siete millones de puestos de trabajo para los ciudadanos y residentes legales, al cerrar el grifo en el mercado laboral a los indocumentados.

Quienes apoyan el proyecto de ley señalan que sólo buscan modificar una ley federal de inmigración y así “esclarecer” la interpretación de la enmienda 14.

Sin embargo, esa enmienda, ratificada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y por tanto sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en que residen”.

Esa enmienda fue ratificada precisamente para resguardar los derechos civiles de los esclavos que obtuvieron su libertad tras la Guerra Civil. Desde entonces, EE.UU. concede la ciudadanía automática a quienes nacen en este país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

La medida de Miller, de ser aprobada, sólo concedería la ciudadanía si al menos uno de los padres del niño es ciudadano, residente legal o miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La legislación no afectaría a los niños que nacieron antes de su puesta en marcha.

El Congreso también sigue dividido sobre el futuro de una reforma migratoria integral, complicado también por el reciente activismo del llamado “Tea Party”, que aglutina a los sectores más conservadores de EE.UU y que se opone a una “inmerecida amnistía” para los indocumentados.

La comunidad inmigrante saldrá a las calles en una manifestación nacional el próximo 21 de marzo para recordarle al mandatario de EE.UU., Barack Obama, la promesa que hizo en 2008, cuando era candidato a la Presidencia, y a los demócratas en el Congreso su compromiso con la reforma migratoria.

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A partir de marzo la oficina del Censo comenzará a repartir los formularios para que todas las personas, incluyendo inmigrantes indocumentados sean contados y ha enfatizado en numerosas ocasiones que la información que se recoja será confidencial.

De hecho, la Constitución de EE.UU. establece que el gobierno debe llevar un registro de los residentes en el país, no estrictamente de los ciudadanos.

Sin embargo, dentro de la población de personas sin estatus legal como María Figueroa hay temor para hacerse contar.

“Si me preguntan sobre el estatus migratorio simplemente no le diría si sí o no, porque no sé si van a compartir esa información con Inmigración”, dijo Figueroa.

Este miedo lo expresan los inmigrantes a través de sus llamadas telefónicas a programas de radio con participación popular y destinados a la comunidad inmigrante en Illinois, como el que dirige Tania Unzueta en Chicago.

Su programa ‘Sin papeles’ ofrece ayuda a la comunidad inmigrante, con consejos y recomendaciones sobre la vida en Estados Unidos.

“El programa pretende conectar a la comunidad inmigrante, especialmente los indocumentados, con lo que está pasando en la política nacional y local”, explicó la locutora.

El tema del censo es uno de los que se trata en este espacio radial y por ello durante la programación de la emisora comunitaria Radio Arte habrá espacio para el recuento demográfico y los inmigrantes indocumentados.

“Es una doble misión, por una parte informando a la gente sobre la importancia de participar en el censo y por otra informando sobre sus derechos”, señaló la locutora que también da consejos a sus oyentes sobre qué hacer en el caso de que un agente de Inmigración llegue a su casa.

Hay inmigrantes sin papeles que confían en las versiones oficiales como es el caso de Yenni Popoca que, a pesar de ser indocumentada, no tiene temor de abrir las puertas de su casa y recomienda que se “conteste el cuestionario”, ya que considera que “no tiene nada que ver con Inmigración”.

En el mismo sentido se manifiesta Valeria López, que no tiene dudas de que es bueno abrir la puerta al personal del Censo 2010.

“Es mejor que llenen el formulario, que no va a pasar nada”, dijo López con seguridad.

La oficina del Censo recuerda que si las personas contestan los cuestionarios y los devuelven a tiempo, no serán visitados por los encuestadores en abril cuando se empiece a realizar oficialmente el recuento.

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La Campaña Reforma Migratoria Pro América, que agrupa a cientos de organizaciones nacionales que apoyan la legalización de millones de indocumentados en Estados Unidos, lanzó un nuevo llamado a la comunidad hispana para que se una y participe en la batalla que, aseguran, se aproxima en el Congreso y tiene como objetivo cambiar las leyes de inmigración.

Mientras, continúan organizando la marcha del 21 de marzo en Washington DC para presionar al Congreso y la Casa Blanca que activen el debate.

Asunto de todos

“El movimiento antiinmigrante nos ha discriminado, insultado y generado odio en contra nuestra”, señala un anuncio publicitario publicado en internet. “Se aproxima una nueva batalla en el Congreso por la reforma migratoria y esta vez, todos tenemos que luchar. Si, todos, tú y tu familia también”, agrega.

Luego explica cómo participar en esta nueva campaña: “Con tu celular envía el mensaje de texto ‘justicia’ al número 69866 y te avisaremos lo que debes hacer”. Al término de la convocatoria, reitera una frase que se viene repitiendo desde el año pasado: “Si no es ahora, cuándo”.

La iniciativa no es nueva, arrancó en los primeros meses de 2009 como un esfuerzo nacional que agrupa a individuos y organizaciones comunitarias para luchar por una reforma migratoria integral viable, y ha pretendido en todos estos meses crear una red de personas de todo el país que estén listas para trabajar y obtener apoyo clave: 60 votos en el Senado y 218 en la Cámara de Representantes.

Pero la tarea se ha visto dificultada por la férrea oposición de grupos conservadores y ultra conservadores que se oponen a la legalización de los indocumentados y a otorgarles cualquier tipo de beneficio migratorio.

Cúmulo de retrasos

Por ese motivo el nuevo mensaje de Pro América. Esta vez quiere insistir ante el Congreso que la reforma migratoria se trata de un asunto de justicia para millones de personas que aguardan una oportunidad para seguir trabajando por sus familias en el engrandecimiento de Estados Unidos.

Desde junio del año pasado, Pro América promovió inundar las plantas telefónicas del Congreso con mensajes de apoyo a la reforma y el envío de miles de mensajes de texto y faxes a los congresistas indicándoles que respalden un plan que incluya una vía de legalización amplia para los indocumentados.

La idea era crear condiciones favorables en el legislativo para que la Casa Blanca impulsara un plan que abriera el debate, pero el retrazo en la discusión de otros temas de urgencia nacional como la crisis económica, las guerras en Afganistán e Irak y la reforma de salud, por citar algunos, postergó el envío del proyecto migratorio.

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En los años transcurridos desde entonces, el número de indocumentados que vive en Georgia ha aumentado considerablemente, elevándose a más del doble, 480.000, entre enero del 2000 y el mismo mes del 2009, de acuerdo con un nuevo reporte federal.

Ello dio a Georgia el aumento porcentual más grande entre los 10 estados del país que tienen las mayores poblaciones de indocumentados, durante esos años. Muchos en el área metropolitana de Atlanta dicen que la explicación del crecimiento resulta sencilla.

“Fue por los empleos”, dijo Kathy Brannon, quien trabajó para el suburbio de Chamblee durante casi 30 años. “Por eso ha venido la gente a este país desde que esto comenzó, en busca de una oportunidad”.

Durante años, Chamblee fue la última parada de tres empresas de autobuses que transportaban a inmigrantes desde la ciudad de Brownsville, Texas, fronteriza con México, dijo Brannon, quien está jubilada. Ante la vivienda barata, el transporte sencillo y la abundancia de empleo, los inmigrantes echaron raíces y pronto dijeron a sus familiares y amigos en sus naciones de origen que había oportunidades en la zona de Atlanta.

Para entender mejor cuánto ha crecido la población indocumentada en Georgia hay que considerar que el estado tenía apenas 35.000 inmigrantes sin papeles en 1990, de acuerdo con estimados del Pew Hispanic Center.

El demógrafo William Frey, de Brookings Institution, dijo que los inmigrantes indocumentados se mudaron a donde podían encontrar trabajo en rubros como la construcción y los servicios, que crecieron aceleradamente en la zona.

“En cierta forma, podría ser una medición del éxito el tener una población mayor de indocumentados,”, porque ello significa que la economía es fuerte, dijo Frey.

Carolina del Norte, otro estado del sureste que tuvo un crecimiento rápido en aquellos años, es también uno de los 10 primeros estados en materia del aumento más rápido de su población indocumentada, estimada en 370.000 en enero del 2009, en comparación con 260.000 en el 2000, de acuerdo con el reporte de la Oficina de Estadísticas sobre Inmigración, del Departamento de Seguridad Nacional.

La agencia se basó en datos del Estudio de la Comunidad Estadounidense, un muestreo nacional realizado por la Oficina del Censo.

Las grandes poblaciones de inmigrantes en Georgia y Carolina del Norte son principalmente de origen mexicano y la mayoría carece de documentos, dijo Jeff Passel, demógrafo del Pew Hispanic Center.

Apenas en la década de 1980, los estados del sureste, con la excepción de Florida, tenían muy pocos inmigrantes legales o indocumentados, dijo Passel. California, donde vive alrededor del 24% de los indocumentados del país, solía representar el 40%.

Otros cinco estados ” Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey ” comparten otro 40%, destacó Passel.

Pero una recesión en California a comienzos de la década de 1990 y la disponibilidad de empleos en otras regiones llevó a los inmigrantes a buscar en otros lados, particularmente en el sureste, dijo Passel.

Los inmigrantes son vitales para la economía en esa región, especialmente para los sectores de la agricultura, la construcción y los servicios, destacó Jerry González, director general de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos en Georgia.

“Esto comenzó con la Olimpiada. Atlanta no hubiera podido terminar la construcción a tiempo para los juegos sin la mano de obra de los inmigrantes, específicamente de los mexicanos”, destacó. “Después de eso, el auge de la vivienda que experimentó el sureste y específicamente Georgia no hubiera sido posible sin el trabajo de los inmigrantes”.

El impacto de los indocumentados es difícil de medir porque suelen tener una presencia discreta. Pero Passel dijo que son atraídos por los empleos, de modo que la mayoría tiene trabajos y ve deducidos de sus salarios los pagos de impuestos y de seguridad social.

Aunque los indocumentados no pueden obtener buena parte de los beneficios asistenciales y otros servicios públicos, sus hijos nacidos en Estados Unidos sí están en esa posibilidad. Sin embargo, no suelen hacer un uso pleno de esos servicios, dijo Passel.

A nivel nacional, el reporte detectó que la población indocumentada creció 27% durante el periodo del estudio, aunque las cifras bajaron en los últimos dos años. La población era de 11,8 millones en enero del 2007 y cayó a 11,6 millones en enero del 2008 y a 10,8 millones en enero del 2009.

Ello coincide con la crisis económica en Estados Unidos, y los demógrafos señalan que probablemente el decremento será temporal.

“Si uno analiza los últimos 20 años, la cantidad de indocumentados sube y baja con la economía de Estados Unidos”, señaló Passel.

impre.com/laopinion

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El Congreso y el presidente Barack Obama “no resolverán el sistema de inmigración si no lo demandamos”, dijo Gustavo Torres, presidente de la Junta de la Coalición Inmigrante de la Capital Nacional y director de la organización comunitaria Casa de Maryland.

“El país de inmigrantes está dependiendo de nosotros, por eso nos pondremos de pie y tomaremos las calles”, dijo Torres, quien el mes pasado participó en una protesta de desobediencia civil frente a las oficinas del Departamento de Seguridad Interna. “Toda persona que trabaja doce horas al día trapeando pisos, recogiendo hortalizas o procesando carne en una fábrica, debe ser tratada con respeto y no ser objeto de deportación o de acoso permanente”, señaló Jaime Contreras, director de la filial sindical 32BJ.

“Ha llegado la hora de arreglar nuestro sistema de inmigración y crear un camino a la ciudadanía para los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en nuestras comunidades”, enfatizó. Los activistas convocaron a una rueda de prensa el martes próximo para ofrecer mayores detalles sobre la manifestación, a la que se unirán grupos sindicales, religiosos, empresariales y progresistas de todo el país. La protesta cuenta con el auspicio de la campaña Reforma Migratoria PRO América, una coalición de organizaciones de todo el país que ha utilizado las redes sociales y mensajes de texto para motivar y movilizar a la comunidad.

“La recuperación económica no puede construirse sobre el débil fundamento de un disfuncional sistema migratorio”, sostuvo Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración y presidente de la campaña. “Ya es hora de que ambos partidos trabajen juntos para crear una propuesta bipartidista que arregle el obsoleto sistema migratorio”, recalcó. “Queremos que se deje a un lado la politiquería y cumplan la promesa de arreglar nuestro sistema migratorio. Si no es ahora, ¿cuándo¿ El Congreso debe actuar para resolver nuestros problemas más difíciles”, puntualizó el activista.

Sectores conservadores cercanos al partido Republicano se pronunciaron la semana pasada por una reforma migratoria integral. “Los conservadores se tienen que abrir a la reforma migratoria”, dijo en una rueda de prensa el puertorriqueño Alfonso Aguilar, quien fungió como jefe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) durante la anterior administración del presidente George W. Bush. Aguilar anunció una Alianza Latina del Proyecto de Principios Estadunidenses (APP) para hacer cabildeo en el Congreso y asignar fondos para temas conservadores en las elecciones de noviembre próximo. En ese esfuerzo del movimiento conservador participa la actriz mexicana Karyme Lozano, quien indicó: “vamos a luchar definitivamente para conseguir más apoyo de los sectores conservadores para una reforma integral del sistema migratorio”.

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“Para estos estudiantes no cambia la condición migratoria, son indocumentados”, dijo a Notimex el director del proyecto fronterizo del Comité de Servicios Amigos de las Américas, Pedro Ríos.

Sin embargo, destacó, es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos permite que tres jóvenes que habían sido deportados al ir a la escuela regresen con visas humanitarias y se queden en el país.

La abogada Lilia Velazquez, quien representó a los estudiantes, señaló que las autoridades cometieron varias violaciones a los derechos de los menores mexicanos al arrestarlos el 20 de mayo de 2009, cuando se dirigían a la preparatoria Lincoln High School de San Diego.

De acuerdo con Velazquez, los oficiales de migración sólo se identificaron como policías, y no informaron de la detención de los estudiantes ni a los padres ni al consulado de México en San Diego, California.

Indicó que otra falla en que incurrieron las autoridades fue haber puesto en custodia a los adolescentes junto con los adultos detenidos en la redada, cuando debieron estar separados por ser menores de edad.

Los padres de los muchachos se enteraron de la deportación cuando sus hijos les llamaron por teléfono desde la ciudad mexicana de Tijuana, Baja California.

Debido a esas irregularidades, un mes después el Departamento de Seguridad Interna concedió a los alumnos Stephanie Jiménez, Raúl Escobar y Mauricio Villanueva visas humanitarias para volver al condado de San Diego, donde tendrían que enfrentar una corte de migración.

El tribunal concedió este martes que los tres permanezcan en Estados Unidos al lado de sus padres.

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El sondeo mostró que 54 por ciento de los hispanos texanos se definieron como conservadores, conservadores moderados o conservadores religiosos, mientras que sólo 18 por ciento dijo ser liberal o progresista.

La encuesta, a pedido de la Junta de Presidentes del Caucus Hispano -un grupo de líderes legislativos hispanos de 32 entidades-, fue realizada por teléfono entre 502 votantes hispanos registrados, en inglés o español, a elección del encuestado.

Los hispanos en Texas constituyen el 36.5 por ciento de la población de la entidad, al sumar 6.6 millones de personas, por lo que sus preferencias políticas son claves para cualquier candidato político que desea obtener un puesto de elección estatal.

El sondeo reveló que 23 por ciento de los hispanos podrían participar el próximo martes en las elecciones primarias republicanas para definir al candidato a la gubernatura de Texas. Los hispanos encuestados mostraron que en dichos comicios apoyan mayoritariamente al actual gobernador Rick Perry, que busca su tercera reelección al cargo.

Los entrevistados dieron su apoyo a Perry en una proporción de dos a uno sobre su contrincante, la senadora Kay Bailey Hutchinson. Los resultados de la encuesta coinciden con los de otro sondeo dado a conocer también este miércoles y que coloca a Perry a la cabeza de las preferencias para ganar la elección por la candidatura republicana a la gubernatura en las elecciones del 2 de marzo próximo.

De acuerdo con el sondeo de Rasmussen Reports, Perry suma el 42 por ciento de las preferencias electorales, seguido por Hutchison con 27 por ciento y la activista republican Debra Medina con 16 por ciento.

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La Agencia Mexicana de noticias, Notimex, citó al director del grupo CASA de Maryland, Gustavo Torres, diciendo que “la gente se está organizando en las iglesias, en los supermercados, en las universidades, en las pequeñas tiendas de nuestras comunidades…Los pequeños negociantes nos han dicho: por favor coloquen los autobuses en nuestros estacionamientos, que nosotros vamos a enviar personas”.

Los organizadores del evento, promovido por la campaña nacional Reforma Migratoria PRO América, buscan movilizar a la mayor cantidad posible de personas para enfatizar la urgencia de que el Congreso aborde la reforma migratoria.

Torres agregó, según Notimex, que “queremos que ese enojo y esa frustración que tenemos en estos momentos se reflejen en la marcha del 21 de marzo…La única manera en que nosotros vamos a demostrarlo es que salgamos todos por miles y miles como lo hicimos en 2006, cuando (el entonces legislador James) Sensenbrenner trató de criminalizar a nuestra comunidad”.

Las multitudinarias marchas migratorias del 2006 fueron motivadas precisamente por la llamada Ley Sensenbrenner, una medida republicana aprobada por la Cámara Baja en diciembre de 2005, que criminalizaba a los indocumentados.

Cuatro años después de la aprobación de esa medida, sigue sin definirse la reforma de un sistema migratorio lo cual afecta no sólo a los indocumentados sino a cientos de miles de familias integradas por personas con diversa situación migratoria.

Muchos esperan que la frustración de un sector de la comunidad hispana con la inacción del Congreso y de la Casa Blanca demócratas en el frente migratorio, deriven en una gran asistencia al evento del 21 de marzo, que marca también el inicio de la primavera y es recordatorio de que el reloj corre veloz para los esfuerzos de concretar la esperada reforma migratoria.

Rafael Prieto, de America’s Voice, escribe en su columna semanal, que “el movimiento popular enterró (en 2006) la propuesta del congresista de Wisconsin, pero la causa de los inmigrantes sigue siendo una asignatura pendiente para los políticos de Washington.

Hasta ahora a los legisladores les ha faltado la valentía requerida para componer el ineficaz sistema migratorio actual y como los avestruces han evadido resolver un problema que mantiene en vilo a 12 millones de personas que carecen de estatus y permanecen en el limbo”.

La pregunta que muchos se hacen es si prevalecerán esa valentía y la voluntad política para encarar el tema de la reforma en el transcurso de este año electoral.

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